En 2010, Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, nos encontramos algunos datos preocupantes:

 
• En España 9.2025.500 de personas viven por debajo del umbral de pobreza (ECV, Encuesta de Condiciones de Vida 2008).
• La Tasa de paro alcanza el 20,09 %, con un total de 4.645.500 personas desempleadas, según datos del INE (EPA del 2º trimestre de 2010).
• El 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza en Castilla y León, frente al 20% nacional (Informe de Inclusión Social 2008, Caixa Cataluña).
• El Informe Foessa (2008) señala que un 17,2 % de los hogares presenta un índice de exclusión elevado, por encima del doble de la media.
• La pobreza y la exclusión social se han mantenido e incluso incrementado pese a años de reducción del desempleo y de crecimiento económico.
• Las políticas sociales son insuficientes: el gasto social en España se sitúa 7 puntos por debajo de la Unión Europea (20% del PIB, frente al 27% de media en la UE-25), datos de la Unión Europea (Eurostat).

La exclusión social genera las principales situaciones de desigualdad y discriminación en relación con el mercado de trabajo, como proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad, y queda demostrado que las medidas tradicionales de protección social y formación, si bien son necesarias, por sí solas resultan insuficientes para combatir la exclusión social.

El empleo, si es de calidad, aporta renta suficiente para prevenir situaciones de necesidad, además de ser el camino adecuado y habitual para la inserción social. Comporta el acceso a derechos fundamentales, incidiendo en los tres ejes determinantes de la exclusión:

- económico: garantiza un salario, aumento de ingresos
- político: acceso a sistemas de protección social, sanidad, vivienda y educación, participación en la vida pública
- social: integración en redes sociales, facilita el apoyo social y el desarrollo de conductas adaptadas

Por ello, el empleo se presenta como el principal mecanismo para lograr la integración social, y a su vez, las empresas de inserción como la herramienta más eficaz de inserción a través del empleo para personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social.

Además, todas las políticas públicas recogen medidas de lucha contra la exclusión social entre sus líneas y objetivos prioritarios: promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y la creación de empleo (Directrices de la Estrategia Europea para el Empleo), favorecer la inclusión activa, lucha contra la pobreza y la exclusión social (Plan Nacional de Acción para la Inclusión social 2008-2010), promover la igualdad, cohesión social y mejora de la empleabilidad para trabajadores con especiales dificultades de inserción (Plan Regional de Empleo de Castilla y León 2007-2011).

Las administraciones públicas tienen en su mano medidas de lucha contra la exclusión, sin coste adicional alguno, desde la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, que favorezca la adjudicación de contratos a empresas de inserción y la generación de empleo para personas en exclusión social.

En España 9.2025.500 de personas        
viven por debajo del umbral de pobreza