Las empresas de inserción representan una herramienta eficaz para combatir la exclusión social. Es preferible, siempre que sea posible, que una persona esté trabajando y contribuyendo a la sociedad, que recibiendo otros servicios de forma costosa y pasiva.

En este sentido, las empresas de inserción suponen, por un lado, una inversión con los flujos económicos generados al erario público y, por otro lado, un ahorro en protección social, al convertir a potenciales perceptores de prestaciones y servicios asistenciales en contribuyentes y consumidores.

El estudio titulado "Identificación y Diagnóstico integral de las empresas de inserción en España" (FEDEI, 2003) concluye que una persona en situación de exclusión social supone a las distintas administraciones públicas un coste de 8.548 euros anuales. Sin embargo si se logra su inserción laboral desaparecen estos costes y se producen los ingresos antes referidos, por lo que el beneficio económico global por la generación de un empleo en una empresa de inserción es de 15.508 euros anuales.

Las conclusiones del estudio "El retorno económico de las Empresas de Inserción a la Administración", elaborado por Gizatea, Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (diciembre de 2009), demuestran que las empresas de inserción no representan una carga para la sociedad sino un valor añadido tanto a nivel social como económico. Los datos obtenidos estiman en Castilla y León un beneficio anual para las administraciones públicas de 11.573,91 euros por cada persona en exclusión social contratada en una empresa de inserción, una vez descontadas las ayudas recibidas (en otras comunidades el beneficio va desde los 11.753,44€ en Aragón, hasta los 1.354,36€ en Canarias).